Tamara Adrián, abogada y doctora en derecho graduada con los más altos honores en Caracas y París, respectivamente, se ha postulado como candidata a Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Con una amplia carrera en el derechos, Adrián se ha desempeñado durante más de 25 años como profesora de pregrado, postgrado y doctorado en las universidades más reputadas de Venezuela, enseñando materias tales como derecho de obligaciones, derecho mercantil, sociedades y mercados de capitales. Es articulista y conferencista nacional e internacional sobre temas muy variados del derecho, incluyendo derechos humanos, derecho comercial, derecho constitucional y derecho civil.
La Dra. Tamara Adrián es asimismo una mujer transexual y lesbiana, defensora de los derechos de la mujer y de la diversidad sexual y activista muy conocida de la causa de la igualdad de los derechos de las personas y eliminación de las leyes que segregan en razón de la orientación sexual y la identidad de género. Y ha esperado ya por casi seis años y medio que la misma Sala a la cual postula se pronuncie sobre su recurso de reconocimiento de identidad, sin que el más alto tribunal de la nación se haya siquiera pronunciado sobre la admisibilidad de su recurso. Constituyéndose este hecho en uno de los casos más notables de denegación de justicia y de homo-lesbo-transfobia institucional de que se tenga noticia en el país. Por ello su nombre legal no corresponde con su identidad físico-psico-social.
La candidata ha señalado que su propuesta aparece como un ejercicio de derechos cívicos y un reto a las declaraciones de inclusión que hace la Asamblea Nacional. Reseña que su candidatura causa el mismo revuelo que hubiese, por ejemplo, causado el haber tratado de incluir a una persona negra en el más alto tribunal de los Estados Unidos o de Suráfrica, durante la época de la segregación racial. Porque en Venezuela, nos indica, “lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex carecen de iguales derechos que el resto de la población. Y mientras el resto de los países van incorporando reglas de igualdad, que aseguran protección contra la discriminación, el derecho a la identidad de las personas transexuales y la igualdad de derechos de pareja, en Venezuela no sólo no se aprueban tales leyes y medidas, sino que se retrocede en el grado de protección, ubicando a Venezuela a contracorriente de lo que ocurre en otros países aledaños”, agrega. Y concluye que su candidatura pretende convertirse en una especie de termómetro para medir el grado de tolerancia o intolerancia de la Asamblea Nacional respecto de la diversidad sexual.
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